La Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas, AVAEC, lleva meses esperando que el Ayuntamiento de Valencia conteste a sus preguntas sobre el número de denuncias presentadas en la ciudad por supuestas molestias procedentes de este tipo de viviendas, pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta oficial por parte de la entidad pública que permita conocer objetivamente los datos.
Sin embargo, revisando las actas de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Valencia, sorprende que la Concejala Sandra Gómez respondió a la concejala Jiménez que en 2016 hubo veintidós, y que en el primer trimestre de 2017 fueron ocho.
Los datos pudieran significar una eventual manipulación de los datos que está llevando a cabo la concejala Gómez, que invierte horas de declaraciones en los medios de comunicación hablando sobre los supuestos problemas de convivencia que generan estas viviendas. Cuando la realidad es que si en un año ha habido veintidós quejas, es una cifra que objetivamente queda muy atrás de otros problemas derivados de la convivencia como tenencia de animales, molestias por ruidos, equipos de aire acondicionado, molestias por las terrazas de los bares que generan centenares de denuncias anualmente.
Pareciera más bien que la falta de voluntad y de medios personales de la edila para desarrollar una nueva ordenanza para regular el uso turístico de las viviendas en edificios residenciales persigue un fin restrictivo. Sus declaraciones son opuestas a los datos facilitados por la policía y de los que ella es conocedora. De esta manera, se beneficia al lobby hotelero que siempre ha visto como una amenaza esta modalidad alojativa y se castiga la democratización del turismo, y se distraen esfuerzos necesarios en turismo de calidad, limpieza de la ciudad, control de botellones, etc. Su postura y sus declaraciones en contra siempre de las Viviendas de Uso Turístico generan además un efecto onda expansiva que alienta la turismofobia.